Las sanciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos a Tornado Cash han reavivado un debate público sobre la privacidad. Para muchos en la relativamente joven criptocomunidad, tal intervención del gobierno federal parece innovadora. Sin embargo, las disputas entre el sector privado y el estado sobre el tema de la privacidad están lejos de ser nuevas y pueden proporcionar información convincente sobre lo que podríamos esperar a continuación para la privacidad en la industria de la criptografía.
En la década de 1990, Phil Zimmermann lanzó Pretty Good Privacy (PGP), una de las primeras aplicaciones de criptografía de clave pública disponibles de forma abierta que presentaba cifrado de extremo a extremo (E2E). La creación de Zimmerman provocó una investigación criminal que finalmente se abandonó, lo que resultó en decisiones de la corte federal que protegen el cifrado bajo la Primera Enmienda de la Constitución de los EE. UU. Este choque en la privacidad personal se denominó el “guerras de encriptación”.
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Las guerras de encriptación continúan hoy, con funcionarios de los EE. UU. y otros países instando a las principales compañías tecnológicas a renunciar a la encriptación E2E fuerte en sus productos. Esto permitiría a las fuerzas del orden acceder a un enorme espectro de datos personales confidenciales.
Las cripto guerras
El próximo capítulo en las guerras de encriptación proviene de la sanción de Tornado Cash por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). La sanción de la OFAC representa la primera prohibición total de una aplicación en sí misma, eliminando la línea entre “proveedores de servicios de anonimización” y “proveedores de software de anonimización”; una distinción dibujado por otro departamento del Tesoro, la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN).
Envié una carta a la Secretaria del Tesoro Yellen sobre la sanción sin precedentes de Tornado Cash. La creciente adopción de tecnología descentralizada sin duda planteará nuevos desafíos para la OFAC. No obstante, la tecnología es neutral y la expectativa de privacidad es normal.⬇️ pic.twitter.com/0aN4a4A6tb
—Tom Emmer (@RepTomEmmer) 23 de agosto de 2022
Al identificar que el software puede separarse de una entidad controlada por un grupo o un individuo, el representante Tom Emmer envió una carta a la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, el mes pasado solicitando aclaraciones sobre las sanciones. Esta decisión marca uno de los enfrentamientos más significativos sobre la privacidad desde que Snowden expuso las prácticas de vigilancia masiva de la Agencia de Seguridad Nacional.
¿La historia se repite o rima?
Las sanciones tienen el sello distintivo de cuando se utilizó PGP como vehículo para justificar una prohibición total del cifrado de datos. Afortunadamente, el fracaso final de la prohibición condujo a la innovación en la web, como el comercio por Internet, la comunicación personal y los inicios de sesión seguros. Del mismo modo, mantener las sanciones sobre Tornado Cash crea un precedente peligroso que enterraría los avances tecnológicos y cualquier prosperidad económica asociada bajo una bola de papeleo.
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En otras palabras, los delincuentes han aprovechado los desarrollos tecnológicos a lo largo de la historia para realizar actividades ilícitas, y prohibir la tecnología sería más perjudicial que constructivo. Si las sanciones de Tornado Cash no se cuestionan, muchas cosas que damos por sentadas podrían verse en peligro al inhibir futuros avances y avances que ni siquiera podemos imaginar hoy.
La sociedad es muy consciente de cómo las grandes tecnologías explotan masivamente nuestros datos personales bajo un paradigma de “capitalismo de vigilancia”. La realidad es que muchos ciudadanos están dispuestos a ceder de forma consensuada la privacidad de los datos a cambio de productos tecnológicos gratuitos. Sin embargo, las invasiones de privacidad ordenadas por ley son un paso completamente diferente. Por ejemplo, recién propuesto la legislación en la Unión Europea prohibiría efectivamente el cifrado E2E.
Si bien los objetivos detrás de estas políticas suelen tener buenas intenciones, la legislación que obliga al desarrollo de “puertas traseras” para el cifrado E2E hará más daño que bien e inevitablemente será explotada por actores malintencionados.
El futuro de la privacidad
El cifrado E2E infundido con estándares de identidad Web3 es la solución, no el problema. Las grandes empresas tecnológicas han llegado a funcionar como proveedores de identidad centralizados, lo que representa una gran diana para los ciberdelincuentes de todo tipo. Los avances en la infraestructura descentralizada y la criptografía ilustran que este no tiene por qué ser el caso. Las herramientas de identidad autónoma que logran un equilibrio entre la privacidad, la responsabilidad y la regulación se están construyendo en Web3.
La humanidad tiene la costumbre de resistirse al desarrollo tecnológico. Como lo describe Calestous Juma, los primeros teléfonos celulares de Motorola fueron descartados como juguetes para los ricos. Ahora, los dispositivos móviles se han desarrollado más allá de lo que nadie imaginaba. Juma postula que las personas tienden a mostrar renuencia a los avances tecnológicos cuando el beneficio percibido se acumula en una pequeña minoría. Del mismo modo, las perspectivas del cifrado E2E se están dejando de lado porque La privacidad es para los delincuentes.
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El futuro de múltiples cadenas de la web verá a los usuarios administrar sus datos de identificación sin sacrificar la privacidad o la seguridad personal. De esta manera, las comunidades podrían participar en la autorregulación ética en lugar de depender de las autoridades y los proveedores de servicios digitales. El comportamiento moral podría incentivarse fácilmente, permitiendo que la codificación ética y la sabiduría de la mayoría vigilen los ecosistemas.
Después de todo, la programación es solo otra forma de expresión. Algunas personas usan sus palabras para bien y otras para mal. El uso desagradable u odioso del idioma inglés no debe impedir que nadie más escriba. Como tal, las sanciones de la OFAC son inconstitucionales y no deberían quedar sin respuesta. La humanidad merece algo mejor.
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