La saga del proyecto de ley de criptomonedas de Panamá ha llegado a un nuevo capítulo, con la Corte Suprema del país dispuesta a decidir el futuro de la criptoindustria local.
Presidente panameño Laurentino Cortizo el 26 de enero enviado la criptolegislación pasó el año pasado al tribunal superior para su revisión, alegando que el llamado “proyecto de ley criptográfico” viola los principios básicos de la constitución y no se puede hacer cumplir.
La Corte Suprema debe decidir ahora si declara inexequible el Proyecto de Ley No. 697 o lo aprueba con modificaciones.
De acuerdo a Según un comunicado oficial, la Presidencia de la República considera inaplicables los artículos 34 y 36 del proyecto de ley porque violan la separación de poderes del Estado y establecen estructuras administrativas dentro del gobierno.
El presidente Cortizo también argumentó que el proyecto de ley había sido aprobado a través de un procedimiento inadecuado luego de su veto parcial de la legislación en junio. En ese momento, el presidente argumentó que el proyecto de ley necesitaba más trabajo para cumplir con las nuevas regulaciones recomendadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional destinadas a mejorar la transparencia fiscal y prevenir el lavado de dinero.
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Una disputa entre la Asamblea Nacional de Panamá y el gobierno se ha centrado en este proyecto de ley. En abril, los legisladores de Panamá aprobaron una propuesta legislativa con el objetivo de regular las criptomonedas en el país, incluido Bitcoin. El presidente Cortizo, sin embargo, advirtió unas semanas después que no lo firmaría a menos que incluyera reglas adicionales contra el lavado de dinero (AML).
El proyecto de ley se presentó en septiembre de 2021, con el objetivo de hacer que el país sea “compatible con la economía digital, blockchain, criptoactivos e Internet”. Fue sacado del Comité de Asuntos Económicos el 21 de abril y aprobado unos días después.
Con base en la legislación, los panameños “pueden acordar libremente el uso de criptoactivos, incluidos, entre otros, Bitcoin y Ethereum” como pago alternativo para “cualquier operación civil o comercial”.
Además, el proyecto de ley regularía la tokenización de metales preciosos y la emisión de valor digital. La autoridad de innovación del gobierno también exploraría la digitalización de la identidad utilizando blockchain o tecnología de registro distribuido.