La misma semana en que las autoridades búlgaras allanaron las oficinas de Nexo y acusaron a cuatro personas por cargos relacionados con el lavado de dinero, el criptoprestamista presentó una demanda en las Islas Caimán.
En un documento fechado el 12 de enero, Nexo presentó una demanda contra la Autoridad Monetaria de las Islas Caimán, o CIMA, por negar su registro como proveedor de servicios de activos virtuales (VASP) en la isla. El criptoprestamista solicitó al tribunal que revocara la decisión del regulador financiero, ya que era “adecuada” para proporcionar criptoservicios a los residentes de las Islas Caimán.
Según documentos judiciales, Nexo aplicó a CIMA en enero de 2021, proporcionando información adicional a pedido del regulador. Sin embargo, la autoridad monetaria pidió aclaraciones sobre la solicitud en octubre pasado, citando “ciertos asuntos legales y regulatorios como se señaló en los medios de comunicación” que Nexo no había revelado. Rechazó la solicitud en diciembre.
“La Autoridad incumplió su deber constitucional y legal de fundamentar de manera comprensible, satisfactoria y suficientemente detallada su Decisión de Negativa”, alegó Nexo.
Relacionado: La investigación de Nexo no es política, dicen los fiscales búlgaros
Nexo afirmó que CIMA había puesto “demasiado peso” en los reguladores que planteaban acciones de ejecución sobre el criptoprestamista, citando incidentes en los tribunales del Reino Unido. Los reguladores a nivel estatal en los Estados Unidos también presentaron órdenes de cese y desistimiento contra Nexo en 2022, pero Nexo dice en su demanda que esto no significa que actuó de manera inapropiada:
“[Nexo] había cooperado diligentemente con todos los estados de EE. UU. y las consultas regulatorias federales y ha sido proactivo en mantener el diálogo con los respectivos reguladores […] Ha habido algunas ambigüedades regulatorias con respecto a las leyes y regulaciones aplicables a los activos digitales en los EE. UU., de modo que el hecho de la aplicación regulatoria en sí no connota ningún comportamiento inapropiado”.
La firma de préstamos anunció en diciembre que planeaba cesar gradualmente sus operaciones en los Estados Unidos “en los próximos meses”, citando la falta de claridad regulatoria.